Enciclopedistas e ilustrados

El estudio de los procesos inquisitoriales substanciados ante el Tribunal de la Inquisición de Sevilla en los siglos XVIII y XIX revela que las ideas liberales habían encontrado eco en todos los sectores de la sociedad y que, en Madrid). consecuencia, individuos pertenecientes a cualesquiera de dichos sectores habían sido denunciados y procesados como reos de proposiciones de contenido político. Predominaban entre los acusados quienes poseían formación cultural: clérigos, oficiales del ejército o profesionales con estudios, que habían viajado o leído y que presumían por ello de más amplios horizontes. Pero, junto a ellos, no faltaban quienes carecían de instrucción y sólo tenían una noción vaga del concepto de libertad, o asociaban esta idea de manera visceral con el sistema político, la situación social o, simplemente, la forma de vida de países de nuestro entorno, a los que intuitivamente valoraban como más favorables para los intereses individuales.

Las obras representativas del pensamiento filosófico más innovador -las de Voltaire, Montesquieu o Rousseau, en primer lugar- eran ya objeto de censura por parte de la Inquisición, lo mismo que los ideólogos españoles que aparecían como seguidores o partidarios de la puesta en práctica de sus doctrinas, especialmente Olavide. De unos y de otros, lo que había trascendido a las capas populares de la sociedad era poco más que la asociación de sus nombres con confusas ideas de libertad. Con estas ideas, suponían que era posible configurar una sociedad diferente, exenta de la opresión de un sistema en el que todo se ordenaba según la voluntad y del interés del monarca; una sociedad libre del freno impuesto por un poder religioso inmovilista y celoso de sus privilegios. Y justamente estas asociaciones de ideas, expresadas científicamente o traducidas al modo vulgar, eran las que la Inquisición estaba resuelta a combatir.

De ello podía dar testimonio el médico Luis Castellanos cuando, en 1775, hubo de comparecer ante el Tribunal de la Fe precisamente por su exceso de fe en la libertad, concepto que traducía como "ausencia de restricciones y de la prohibición de leer libros" y genéricamente identificaba con la instrucción, para lo cual proclamaba la necesidad de leer, incluyendo entre las lecturas recomendables desde el Corán hasta las obras de Voltaire [*].

En la misma línea de Castellanos, y por las mismas fechas, fue conducido ante el Santo Oficio Manuel Villalta, caballero de Santiago y capitán de Granaderos con grado de teniente coronel del Regimiento de la Princesa, quien alardeaba de poseer amplios conocimientos, como consecuencia de haber "corrido cortes", y presumía de haber llegado a tratar al mismo Voltaire y "haber visto su librería y las particularidades de su gabinete". Sus alabanzas al filósofo francés, a quien consideraba "uno de los mayores ingenios, digno de los mayores aplausos", le reportaron la consideración de libertino y escandaloso, juicios poco convenientes cuando eran manifestados ante la Inquisición.

Gritos de libertad

Un paso más en la defensa de la libertad lo daría años después, en 1798, Antonio de Burgos, soldado distinguido del Regimiento fijo de Ceuta, quien llegó a expresar abiertamente sus ideas contra la institución que, a su juicio, restringía aquélla. Para este sujeto, "el entendimiento del hombre estaba oscuro porque los eclesiásticos no le dejaban libertad para hablar lo que él sabía", concepto al que acompañaba su demanda de que se permitiera "toda lectura de libros". En términos parecidos se manifestó por las mismas fechas el gaditano Juan de Cárdenas, a quien se atribuyó haber afirmado que "había llegado el tiempo de las verdades y de que nos quitaran cierto vendaje de los ojos con que nos tenían engañados los papas, los clérigos y los frailes; que los primeros habían concurrido al exterminio de muchas personas poderosas y principales del mundo y los demás, con la sombra de la religión, a engañar a los incautos y melancólicos".

Estos planteamientos no diferían de los que de manera tan simplificada como rotunda habría de formular en 1816 el llamado Manuel Furnier o Curiel, natural de Valladolid y residente en la Isla de San Fernando, sastre de oficio, empleado en Rentas y sujeto tenido por "muy atronado en todo". Para él, la libertad era la ausencia de religión, planteamiento que le llevó a postular que "no había razón, siendo el hombre libre, para obligarle a seguir determinada religión, así que el bautismo no debía darse a los párvulos y debía aguardarse a que el hombre que quisiese seguir la religión de Jesucristo lo pudiese [decidir]".

Concebida la libertad como un mito, quienes habían sido condenados como sus paladines o habían visto prohibidas sus escritos, aparecían a los ojos de cuantos comulgaban con las ideas progresistas como mártires de la libertad. En este punto, para el vulgo tan dignos de alabanza resultaban Maquiavelo como Voltaire, y entre las figuras patrias encumbradas al rango de héroes ocupaba un indiscutible primer lugar Pablo de Olavide yen menor medida Feijóo, Jovellanos y otros ilustrados. Así, mientras Miguel de Pineda, un sujeto sevillano a quien sus delatores tenían por "charlatán y de boca relajada, pronto de genio y locuaz", pontificaba que "el Maquiavelo en todo lo que escribe dice verdad", el ya citado Luis Castellanos reconocía que "estimaba mucho a Bolter porque había motivado que la Inquisición prohibiese todas sus obras, lo que le daba un gran mérito" y el gaditano Manuel Pereda, en 1784, aseguraba que "por sus escritos e industrias Wolter y otros sabios se habían hecho memorables" y motejaba a España de poco culta, por no seguir la ciencia y las ideas de aquellos pensadores.

Eran frecuentes los argumentos en defensa de Olavide, como los del abogado de los Reales Consejos y antiguo comandante de Guarromán, en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, José Rubio, según el cual "el Santo Oficio había prendido a Olavide porque siendo Asistente de Sevilla había impedido el pago de ciertas contribuciones que antes se hacían al Santo Oficio" o el de Antonio Portichuelo, presbítero beneficiado de la parroquia de San Mateo en Jerez de la Frontera, quien en 1781 aseguró que "el Tribunal de la Inquisición había obrado con temeridad en castigar a Olavide, siendo un hombre de tanta justificación".

Consideración aparte merece el caso de Manuel Palmerín, soldado del Regimiento de Jaén y albañil de oficio, quien solía mantener disputas sobre la preeminencia científica de sus ídolos, llegando en una de aquellas ocasiones a aportar en pro de su teoría el contundente razonamiento de que "Olavide era más que San Pablo porque Olavide escribió y San Pablo no", o bien que "Olavide era más santo que San Francisco de Asís", para concluir con el irrebatible colofón de que "se cagaba en San Agustín y que sabía más Olavide que el alma de San Agustín", y otra vez, en respuesta a un tal Juan del Pino, que sostenía la superioridad de san Pablo sobre Feijóo, también mediante el argumento de que "se cagaba en Feijóo", Palmerín, para no desmerecer en cuanto a su capacidad escatológica, respondió que él hacía lo propio en san Pablo.

Agnosticismo, libertad y progreso

La veneración hacia el concepto de la libertad superaba la mitificación de las personas significadas en su formulación y defensa, para trascender al propio entorno geográfico y político en que tales ideas se habían configurado. Y en este punto no faltaban quienes reconocían ventajas sobre la atrasada España a cualquier otro país en el que la libertad de conciencia gozara de predicamento; es decir, identificaban libertad, agnosticismo y progreso: en 1771 Francisco Mosquera aseguraba que "diez ingleses u holandeses saben gobernar navíos mejor que cuarenta españoles, y esto sin rezar rosarios, sin oír misas ni tener más Dios que su cafee"; o Manuel Pereda, en 1784, cuando alababa a los ingleses por "no estar sujetos a Su Santidad".

Pero, sin duda, era Francia el país que concitaba a la vez más admiración y envidia, al menos hasta comienzos del XIX; sus instituciones políticas eran contempladas como dignas de ser imitadas, por cuanto allí se situaba la cuna de la libertad y sus órganos de Gobierno eran vistos como los adecuados instrumentos para llevar a la práctica la filosofía Iiberal. La apología de Francia suponía, por otra parte, un implícito rechazo del régimen político y del sistema confesional español, antítesis del francés.

Así cabía entender las proposiciones del contador supernumerario del navío San Cristóbal, surto en el puerto de Cádiz, Joaquín Tinao, quien en 1797 proclamó que "los franceses habían hecho muy bien en abandonar la religión y que ojalá hicieran los españoles lo mismo", ya que, "si nosotros no lográbamos en España lo que queríamos era por causa de la religión en que estábamos imbuídos". Quizás su concepto de la libertad debiera entenderse en otro sentido, puesto que, apelando a las máximas liberales francesas, defendía que "fornicar con cualquier mujer, aunque fuese casada, no era pecado, por ser una cosa que la naturaleza dejaba al arbitrio del hombre". Por su parte, era el mismo año en que Juan Antonio Olavarrieta, presbítero pero conceptuado como "libertino y del siglo ilustrado", mostraba su inclinación hacia la Revolución y hacia sus máximas filosóficas, que a su juicio debían ser imitadas por los españoles. En cierta ocasión, defendió la idea de algunos franceses de que Robespierre fuera canonizado; ante el reproche de alguno de sus contertulios por esta pretensión, se limitó a preguntar a su vez "qué certeza tenía el Papa cuando canonizaba a algún santo".

Otros, a propósito del régimen político de Francia, manifestaban que les resultaba preferible al de España; José Alvarez, maestro de Gramática del colegio de San Miguel de Sevilla, decía que "Ios pueblos que se gobiernan como República estaban más bien gobernados que los que no tienen este gobierno", y el médico de la villa de Fuentes, Antonio Navarro: "un gobierno democrático es mejor que el monárquico", que en el caso de España resultaba ser tirano y aborrecible "por los muchos pechos y cargas que el Rey echa a sus vasallos". Uno y otro personajes, procesados en torno al año 1793, no se recataban de expresar su admiración por la Convención y la Asamblea de Francia, cuyas máximas y disposiciones eran, a los ojos de Antonio Navarro, muy buenas, "pues apetecían la igualdad en toda clase de personas, ya que no había razón para que unos pagasen mucho y otros poco o nada", concluyendo por asegurar que "si en España se manejasen con la misma disposición que en la Asamblea, vivirían los vasallos con más alivio"; parece que su afición al sistema francés decreció cuando conoció la muerte del rey de Francia.

Sólo una corta distancia separaba la crítica al régimen político despótico y la denuncia de las arbitrariedades de quien personificaba dicho sistema. Entre otras manifestaciones del sentir político, escandalosas por discordar del orden establecido, no podían faltar las dirigidas contra el rey, que fácilmente derivaban en injurias contra el entorno familiar regio y cortesano. Así, si para el médico Antonio Navarro "todos los reyes tienen sus pasiones y por sí sólos elevan a quien querían, como se vio con el cardenal Delgado y Floridablanca"; según el soldado Antonio de Burgos, "el rey y los ministros obraban con arbitrariedad, siendo unos bárbaros"; el presbrítero Olavarrieta se desahogaba predicando con osadía que "el rey era un cabrón y la reina una puta", opinión esta última de la que participaba enteramente María Lagriva, francesa residente en Cádiz y de profesión batera (confeccionadora de batas).

Alguno no se conformaba con el insulto y elucubraba con acciones más contundentes: la complacencia con que el peluquero de origen florentino Bartolomé Fabre afirmaba en 1797 que "la Francia había hecho bien en matar al rey", tal vez le hacía soñar con un final similar para el monarca español, muy en la Iínea de su afición de verdugo, puesto que también había hecho saber que "si pudiera le cortaba la cabeza al papa"; también era partidario del magnicidio el soldado José Bermudo, quien sostenía que "no era pecado matar al rey", de lo que se colegía que más bien sería éste un acto de justicia.

Las frustraciones de la Pepa

Los anhelos de libertad en España parecían colmados cuando fue proclamada la Constitución de Cádiz, la Pepa. Por ello su abolición, sólo dos años más tarde, suscitó sentimientos de frustración y la añoranza del mítico texto y con ella la del espíritu liberal que encarnaba. Esa amargura se reflejaba en las consideraciones que hiciera en 1816 el ya conocido Manuel Furnier: "Todo lo bueno que sale en España se quita al instante del medio para que no salgamos nunca de errores y tenernos siempre entusiasmados, como sucedió con la Constitución, que ha sido lo mejor que se ha escrito en España", situación que, según él, tenía un claro responsable: "De todos los trabajos que hemos pasado este invierno tienen la culpa los clérigos y los frailes, por no haber querido admitir una cosa tan santa como la Constitución". Muy parecidos serían el estado de ánimo y las convicciones del gaditano Custodio del Castillo, quien un año después criticó públicamente la abolición regia del texto constitucional, del que hizo grandes elogios a la vez que vaticinó acertadamente que "con el tiempo se había de reponer".

 Ante expresiones de este género, la Inquisición intervino para reprimir tan funestas evocaciones, impropias en el retorno del absolutismo. Pero en ninguno de los casos referidos la proposición política, o simplemente el exabrupto injurioso, dieron lugar, por sí solos, al procesamiento de quien los hubiera formulado. La abierta defensa de la libertad o los denuestos contra quienes la coartaban iban siempre acompañados de otros tipos de expresiones que sí constituían delito, porque contrariaban alguna verdad en materia de fe y, por tanto, incidían en presunta herejía.

La expresión de contenido político constituía un elemento añadido pero, no obstante su carácter complementario, contribuía a perfilar el juicio personal sobre el acusado, al igual que otras circunstancias indicativas de su mentalidad: si asistía a misa con regularidad o lo hacía sin exteriorizar devoción o simplemente resultara inmoderado en sus conversaciones. El conocimiento de que el acusado hubiera acompañado sus manifestaciones presuntamente heréticas de otras "antipolíticas" solía determinar que a la calificación subjetiva del reo como suspecto contra fidem o, claramente, como hereje, impío, blasfemo o sacrílego, se añadiera la de libertino, temerario o escandaloso.

De hecho, al no estar determinadas objetivamente las circunstancias modificativas de la responsabilidad, el que a la proposición contra las verdades de la fe acompañase una proposición "antipolítica" equivalía, en la práctica, a la existencia de un elemento de agravación de la pena. En la determinación de ésta -que consistía generalmente en la abjuración y la absolución ad cautelam, la práctica de ejercicios espirituales seguidos de una confesión general y, en los casos más graves, de algunos años de presidio o de destierro, azotes y confiscación de bienes- debió influir de manera decisiva la constatación de dichas circunstancias.