Para entender las características del movimiento feminista en España durante los últimos quince años es preciso remontarse muy brevemente a los antecedentes históricos del mismo y a su vinculación a la dinámica histórica y social española durante el siglo XX.

La aparición del feminismo en la mayoría de los países europeos ha estado vinculada a lo largo de los siglos XIX y XX al auge de las doctrinas liberales, que reconocían la necesidad de conceder a todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción de sexos, la igualdad de derechos políticos. En España el liberalismo constituye una corriente escasamente asentada en la sociedad y en la dinámica política de los dos últimos siglos, por lo que el feminismo y el sufragismo como movimientos organizados no hacen su aparición hasta bien entrado el siglo XX. Sólo existen durante estos años figuras aisladas, como es el caso de Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal o Rosalía de Castro, que en su obra literaria reflejan su preocupación por los derechos civiles y la instrucción de las mujeres, o bien grupos aislados que desde la prensa femenina o la prensa diaria denuncian repetidamente la ausencia de derechos políticos y, más concretamente, el derecho al voto para las mujeres.

España saluda el siglo XX en plena crisis económica, derivada fundamentalmente de los errores cometidos en las guerras coloniales, en plena crisis política, producto del fracaso del sistema de partidos existente y con los antiguos problemas sociales no resueltos. De entre ellos destaca la situación social de las mujeres, que aún en 1900 presentaban unas tasas de analfabetismo del 71 por 100 frente al 55,8 por 100 entre los varones y la existencia de extremadas condiciones de trabajo, tal como denuncia repetidamente en 1920 el autor José Francos Rodríguez en su obra La mujer y la política españolas.

Durante las primeras décadas del siglo XX la polémica sobre el derecho al voto de las mujeres inicia una nueva etapa, diversas voces surgen por entonces defendiendo la necesidad de considerar a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho: desde un feminismo conservador y confesional representado por las publicaciones El Pensamiento Femenino y La Voz de la Mujer a un feminismo moderado representado por la ANME (Asociación Nacional de Mujeres Españolas), que se autodefinía de centro, con un amplio espíritu de tolerancia y vinculada a posiciones políticas de carácter reformista, sin olvidar el feminismo socialista y el anarquismo, todas ellas se muestran partidarias, aunque con disparidad de criterios en la forma de conseguirlo y a la amplitud del mismo, de reivindicar para las mujeres el derecho al voto.

La instauración de la Segunda República y la implantación en España de un marco de mayores libertades, así como la concesión del voto político en 1931, posibilitaron la participación de miles de mujeres en la dinámica política del país y su afiliación a organizaciones feministas y de mujeres tales como la Unión de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, creada en 1933, o la organización de Mujeres Libres, fundada en 1936. La guerra civil y la posterior derrota de las fuerzas republicanas interrumpiría el proceso de incorporación de las mujeres españolas a la actividad feminista.

 

Feminismo y transición política (1975-1979)

En 1975 moría el general Franco, jefe del Estado español desde la guerra civil, y con su muerte se iniciaba una nueva etapa histórica. En diciembre de 1976 fue aprobada por las Cortes franquistas la Ley de Reforma Política, que permitió crear las condiciones necesarias para convocar elecciones democráticas. EI 15 de junio de 1977 se celebró en España la primera consulta popular después de cuarenta y un años. La casi totalidad de los partidos políticos ofrecía un programa político dirigido a las mujeres. La derecha democrática reconocía la igualdad formal entre hombres y mujeres, la necesidad de una política educativa y cultural para la mujer, así como la protección a la familia. En los liberales y democristianos el programa electoral era similar, aunque algunos hacían referencia a la reforma del derecho de familia y la necesidad de incrementar los servicios sociales. Los partidos socialista y comunista, así como aquellos partidos situados a la izquierda del PCE, recogían, al menos programáticamente, todas las demandas de las mujeres, propugnando la plena igualdad entre los sexos en los ámbitos jurídico, laboral y familiar, así como la creación de servicios colectivos que permitieran socializar el trabajo doméstico. En el terreno educativo los partidos de izquierdas prometían la creación de un sistema plenamente coeducativo e igualitario en todos los terrenos de la enseñanza. En el aspecto laboral estos partidos incluían condiciones de igualdad para acceder al trabajo remunerado, creación de servicios colectivos (comedores, guarderías...) que facilitaran la incorporación de la población femenina al trabajo extradoméstico. Todas estas reivindicaciones y las grandes movilizaciones populares que se desarrollaron en torno a la campaña electoral posibilitaron una importante participación de las mujeres en las mismas, así como el aumento de su conciencia política.

El año 1975 fue declarado por las Naciones Unidas Año Internacional de la Mujer, lo que propició la convocatoria, además de centenares de actos y campañas en todo el mundo, de dos congresos de carácter internacional. El primero dirigido a los organismos oficiales. que se celebró en la ciudad de México durante el mes de julio de ese año, y el segundo convocando a las organizaciones no gubernamentales en Berlín durante el mes de octubre. La celebración de ambos encuentros creó las condiciones para la celebración en Madrid, del 6 al 9 de diciembre, de las Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer, que constituyeron el primer encuentro feminista de carácter nacional que se celebraba en España. En ellas se discutieron los dos puntos de vista que polarizaron el debate feminista durante los cinco años siguientes: la necesidad de mantener una corriente estrictamente feminista independientemente de las organizaciones políticas y sindicales, denominada feminismo radical, y una segunda posición, denominada feminismo-lucha de clases, que se pronunciaba por defender las reivindicaciones feministas al tiempo que propugnaba una lucha de carácter general dirigida a implantar la democracia en España.

En mayo de 1976 tuvieron lugar en Barcelona las I Jornades Catalanes de la Dona. A ellas asistieron, a pesar de que la convocatoria estaba restringida fundamentalmente a Cataluña, 4,000 mujeres. El debate teórico se centró en torno a la necesidad de diseñar una estrategia para lograr la emancipación de la mujer, al tiempo que se dirigía a conseguir una sociedad socialista y se evidenciaba la necesidad de establecer una táctica a corto plazo dirigida a establecer un régimen democrático: El socialismo alumbra por primera vez en la historia un régimen económico y social donde la clase oprimida pasa a ser clase dominante, la clase que mantiene el poder del Estado, y, al crear una sociedad a su imagen y semejanza donde la Sociedad en su conjunto es trabajadora, pone las condiciones reales para la emancipación de la mujer. La lucha por la emancipación de la mujer es parte integrante de la revolución socialista y hoy por hoy la lucha por la liberación de la mujer pasa por conquistar la democracia junto con todos los sectores oprimidos de la sociedad. Con ello se intentaba definir las posiciones del feminismo socialista o feminismo-Iucha de clases, que admitía como válida la doble militancia. Esto es, la militancia en organizaciones feministas y en la lucha estrictamente feminista y la militancia en organizaciones políticas o sindicales que poseyeran una estrategia común a esta corriente del feminismo.

 

La etapa de transición política se consolida definitivamente con la aprobación de la nueva Constitución en 1978. En ella se asentaron las bases legales para eliminar las desigualdades jurídicas aún existentes entre hombre y mujer en la legislación española. El artículo 14 consagraba el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, prohibiendo cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, al igual que afirmaba la igualdad del marido y la mujer en el contexto familiar. El desarrollo constitucional dio lugar en años posteriores a una larga lista de revisiones legales para acomodar esta doctrina a disposiciones de menor rango que todavía mantenían discriminaciones respecto a las mujeres. Sin embargo, la misma Constitución mantuvo algunas limitaciones para las mujeres respecto a la sucesión del Trono y la Jefatura del Estado, lo que diferencia aún a España de otros países democráticos.

En el derecho penal, mediante Ley 22/1978, de 26 de mayo, se derogaban los artículos 449 y 452 del Código Penal, relativos al adulterio y amancebamiento; de esta forma se daba fin a una situación en la que la norma legal tutelaba concepciones estrictamente morales y discriminatorias para la mujer. La Ley 45/1978, de 7 de octubre, modificaba los artículos 43 bis y 416 del mismo Código Penal, con lo que se conseguía la despenalización de la divulgación y propaganda de los medios anticonceptivos.

En el contexto del derecho privado, la Ley de 13 de mayo de 1981 equiparaba jurídicamente al marido y a la mujer en el matrimonio, tanto en el régimen económico como en la titularidad de la patria potestad de los hijos. En cuanto al divorcio, la Ley de 7 de julio de 1981, que regulaba el matrimonio, nulidad, separación y divorcio, partía del principio de que el marido y la mujer son iguales en el matrimonio en derechos y en deberes. La ley, avanzada en la letra, se consideraba insuficiente en lo que se refiere a la penalización de aquellos que no cumplen las obligaciones familiares derivadas de una separación o divorcio, ya que suponía en muchos casos la indefensión económica de mujeres sin ingresos extradomésticos, por impago de sus cónyuges de las prestaciones económicas destinadas a los hijos. Estas y otras muchas reformas en el ordenamiento privado y penal supusieron un importante avance, al menos en la forma, en la situación jurídica de las mujeres. Este hecho fue admitido por numerosos colectivos feministas que durante estos años ejercieron unidos su presión para que estas reformas se llevaran a la práctica.

 

Las Jornadas de Liberación de la Mujer de Madrid y las Jornades Catalanes de la Dona marcaron el período de expansión del movimiento feminista. Las diversas posiciones sobre la estrategia y la táctica a seguir por el mismo, así como la diversidad geográfica y política del país, determinaron la proliferación de grupos. Estas diversas posiciones mantenidas entre las feministas radicales e independientes de los partidos y las feministas partidarias de la doble militancia, así como la diversidad geográfica y política del país, determinaron la proliferación de grupos. En Barcelona la Coordinadora de Organizaciones Feministas, que realizó durante estos años campañas unitarias en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a favor de la amnistía para los delitos de las mujeres, en contra de las violaciones, por una ley de divorcio..., integraba un número importante de organizaciones: LAMAR, que surgió en 1976 a partir de una escisión del Colectivo Feminista, el propio Colectivo Feminista, la Organización Feminista Revolucionaria, que posteriormente daría lugar al partido Feminista, todas ellas de orientación radical, que consideraba a la mujer como clase económica explotada y oprimida por el hombre, en razón de la reproducción de la fuerza de trabajo, como primer modo de producción sustentador de cualquier otro, y del modo de producción doméstico subsidiario del modo de producción dominante. Otros grupos de mujeres se organizaron en torno a las vocalías de las asociaciones de vecinos y realizaron una lucha feminista y política, admitiendo, por tanto, la doble militancia, y por último organizaciones que poseían un programa de carácter sectorial: Grupos de Planning Familiar, Mujeres Universitarias, Mujeres Separadas y Mujeres de Comisiones Obreras.

En Madrid la Plataforma de Organizaciones Feministas agrupaba, al igual que en Barcelona, grupos que admitían la doble militancia, como el MDM/MLM, movimiento creado en 1965 por militantes del PCE; Mujeres Juristas, Mujeres Separadas, Vocalías de Mujeres de las Asociaciones de Vecinos, la ULM, grupo escindido de la ADM y vinculado al partido ORT, y el FLM (Frente de Liberación de la Mujer), que se autodefinía como movimiento feminista autónomo, independiente de los partidos políticos y organizaciones sectoriales y que constituía un intento de conciliar la militancia feminista con una alternativa global de lucha por el socialismo. Entre los grupos partidarios de una única militancia se encontraba fundamentalmente el Seminario Colectivo Feminista, que, al igual que el de Barcelona, entendía que la mujer constituía una clase social y como tal debía construir su propia organización. Paralelamente a esta plataforma unitaria existía en Madrid y en otros puntos del país la Asociación Democrática de la Mujer, federada a nivel estatal en la Federación de Organizaciones Feministas; esta asociación estaba constituida por militantes del grupo maoísta PTE. En el resto del país la constitución de las plataformas unitarias poseía características similares a las de Madrid y Barcelona, a excepción del País Vasco, donde la Asamblea de Mujeres encuadraba fundamentalmente mujeres pertenecientes a alternativas nacionalistas.

 

La crisis del movimiento feminista (1979-1982)

Las Jornadas Feministas celebradas en Granada en mayo de 1979, y a las que asistieron más de tres mil mujeres. paradójicamente marcaron el declive del feminismo organizado como tal. A lo largo de tres días las decenas de ponencias presentadas sobre los temas referentes a trabajo. educación, aspectos jurídicos, sexualidad, relaciones con las instituciones, reflejaban las diferencias ideológicas y estratégicas que habían dividido al movimiento feminista durante los cuatro años anteriores: la necesidad de una única militancia o la posibilidad de conciliar la militancia política junto con la permanencia en otras organizaciones de carácter político. A estas dos tendencias se añadió a lo largo de las Jornadas un nuevo debate que progresivamente distanció a las organizaciones partidarias de una o doble militancia. Frente al feminismo de la igualdad -del que eran partidarias las seguidoras del feminismo socialista; esto es, la búsqueda de una sociedad en la que hombres y mujeres poseyeran los mismos derechos y obligaciones-, el feminismo de la diferencia concebía la necesidad de que se entendiera a las mujeres no sólo como militantes, sino como totalidad, como personas. Para esta corriente feminista no podían hacerse separaciones tajantes entre lo privado y lo público, ya que ambos poseían un claro carácter político. Los temas que interesaban a esta corriente del feminismo eran todos aquellos que se referían a la sexualidad, el lenguaje, el aborto, la violencia, las agresiones, el lesbianismo y, en fin, todo aquello que permitiese a las mujeres alcanzar un alto grado de autoconciencia. El feminismo de la diferencia se mostraba claramente opuesto a las estructuras jerárquicas más propias de los partidos políticos y realizó un llamamiento a las organizaciones feministas para que abandonaran el marxismo-leninismo, al tiempo que se rechazaba cualquier tipo de colaboración con las instituciones oficiales.

Durante este mismo período adquieren relevancia las comisiones de mujeres de los partidos políticos y las organizaciones sindicales. En el contexto de una democracia consolidada y a partir de la actividad política desarrollada durante la campaña electoral de las elecciones de 1977 y 1979, un importante grupo de militantes de los partidos de izquierda, especialmente el PSOE, el PCE y el MC (Movimiento Comunista), crean una estructura paralela a las estructuras del partido para llevar a cabo la lucha feminista dentro y fuera de las instituciones. En cuanto a los partidos democráticos de centro y derecha, fundamentalmente UCD (y posteriormente CDS) y AP, sólo a partir de 1983 concibieron la necesidad de crear secretarías de la mujer o asociaciones no de carácter feminista, como es el caso de Mujeres Conservadoras, que recogieron las reivindicaciones que se refieren a las mujeres de este espectro ideológico y político.

El PSOE, que hasta 1976 no había impulsado ningún tipo de organización feminista o de mujeres en su seno, creó en este mismo año, a instancias de un grupo de mujeres feministas militantes de este partido, el colectivo Mujer y Socialismo. Sus objetivos eran fundamentalmente los de preparar folletos de divulgación, reuniones, charlas sobre la situación de la mujer dentro y fuera del partido. El trabajo de esta comisión, cuyos miembros también formaban parte del movimiento feminista autónomo, especialmente en el Frente de Liberación de la Mujer, era considerado con recelo por parte de los propios militantes, mujeres y hombres, del partido socialista. Un cierto número de mujeres rechazaban cualquier tipo de relación con esta comisión por considerar que un perfil feminista podía poner en peligro o tener un efecto negativo en su carrera política.

No obstante, en el XXIX Congreso del PSOE, en 1981, una mujer feminista -Carmen Mestre- pasó a forma parte del Comité Ejecutivo, y algunas de las propuestas de Mujer y Socialismo, tales como la despenalización del aborto y su inclusión en la Seguridad Social, fueron aprobadas en este congreso. Durante el XXX Congreso, celebrado en diciembre de 1984, una mujer feminista se mantuvo en la Comisión Ejecutiva y se consiguieron algunas mejoras para las militantes que se incluyeron en los estatutos. Pero, sin duda, el hecho más relevante de la actividad feminista en el seno del PSOE lo constituye el acuerdo adoptado durante la celebración del XXXI Congreso del PSOE, celebrado en Madrid en enero de 1988. Durante el mismo se acordó adoptar el sistema de cuotas de répresentación de mujeres en un porcentaje no inferior al 25 por 100 para todos los órganos de dirección del partido en todos sus niveles, lo que supuso la elección de seis mujeres para formar parte de la Comisión Ejecutiva. Esta decisión, que obtuvo un amplio eco en la prensa durante los días posteriores, fue considerada en un sondeo realizado días después como el principal acuerdo del congreso socialista.

Muchas de las pioneras del movimiento feminista durante el período franquista procedían del PCE. Baste recordar cómo a partir de la creación del MDM (Movimiento Democrático de Mujeres) en 1965 y, más específicamente, a partir de la celebración de las I Jornadas de Liberación de la Mujer, en 1975, este movimiento había constituido el embrión de numerosas organizaciones feministas que surgieron en diversos puntos del país. La Comisión de la Mujer fue durante unos años una organización prácticamente autónoma dentro del partido, que llevaba a cabo una práctica política dirigida a defender los intereses de las mujeres en el conjunto de la sociedad. Las diversas crisis del PCE, así como las contradicciones internas de las mujeres feministas, que les impedía mantener con coherencia la doble militancia, supusieron el abandono y práctica desintegración de esta comisión. La Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, a pesar de enfrentarse a problemas similares, ha desarrollado durante estos mismos años una intensa actividad entre las mujeres que realizan un trabajo extradoméstico. Sus campañas con motivo de la elaboración del Estatuto de los Trabajadores, por la regulación del trabajo doméstico y su denuncia a partir de estudios realizados por militantes de esta central sindical sobre discriminaciones salariales o de promoción en el empleo, han permitido que en repetidas ocasiones numerosos colectivos de mujeres presenten denuncias ante los Tribunales de Trabajo o bien en instituciones internacionales (OIT), como fue el caso de las mujeres que querían trabajar en la cuenca minera asturiana.

 Un estudio de las organizaciones feministas de ese período quedaría, sin duda, incompleto sin la mención del Partido Feminista. Este partido, fundado en 1979 por Lidia Falcón, se legalizó en 1981. Su mayor influencia se encuentra en Barcelona, siendo el número de militantes en el resto del país muy reducido. Se definen a sí mismas como un partido marxista-feminista y considera que la mujer es un gran grupo, el más numeroso de todas las clases sociales, que ocupa un lugar determinado históricamente por la división sexual de trabajo en dos modos de producción: la reproducción de otros seres humanos y la realización de tareas domésticas -modo de producción doméstico-. Este gran grupo social se encuentra en todos los sistemas sociales, oprimido por los hombres de todas las restantes clases sociales, relacionado con ellos en régimen de servidumbre, y destinado a la reproducción y al mantenimiento de la fuerza de trabajo en la organización social del trabajo.

 

Nuevas formas de feminismo (1982-1988)

A partir de 1982 se produce en el seno del feminismo, concebido éste como movimiento organizado, una completa dispersión de grupos y organizaciones. En 1987, en un catálogo realizado por el Instituto de la Mujer se incluían 600 organizaciones, de las cuales sesenta se autodefinían como feministas. La gran mayoría no posee una estrategia ni proyecto formalizado a corto o medio plazo, aun cuando todas ellas poseen como rasgo común el rechazo a las instituciones públicas.

La batalla por la despenalización del aborto ha permitido sólo en contadas ocasiones la coincidencia de estos grupos en movilizaciones que, unidas a la contestación popular y al apoyo de numerosos colectivos de profesionales sanitarios, permitieron en 1985 el reconocimiento de las mujeres a abortar siempre y cuando existieran los supuestos contemplados por la ley: peligro grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada, violación o malformación del feto. La exigencia de que fuera una comisión evaluadora la que dictaminase la inclusión de los casos existentes dentro de los tres supuestos que establece la ley y la actitud obstaculizadora de algunos colectivos médicos supuso un importante retraso en su aplicación. La batalla por la ampliación de la ley del aborto polarizó durante los años 1985 y 1986 las posiciones ideológicas y políticas más encontradas: sectores conservadores de la profesión médica y sectores confesionales se opusieron no sólo a la aplicación de la ley del aborto, sino a la existencia de la propia ley. La posición de la Administración socialista fue claramente ambigua durante este período: la presión de sus propios militantes y la inclusión del derecho democrático al aborto en su programa electoral le comprometían a legalizar una realidad existente, mientras que al tiempo no impidió la acción judicial y policial de cierre indiscriminado de centros y la detención de profesionales implicados en la atención de aquellas mujeres que quisieran abortar .

Paralelamente se ha producido un hecho que puede denominarse como feminismo institucional, a partir de la creación en 1983 del Instituto de la Mujer, cuyo objetivo fundamental es el de desarrollar el principio de no discriminación contemplado en la Constitución de 1978. La existencia de mujeres feministas provenientes de las filas del PSOE en los cargos de dirección de este instituto ha permitido, dentro de las propias limitaciones políticas del partido en el poder y de las propias características de la institución, el apoyo desde el mismo de numerosas campañas en defensa de los derechos de las mujeres: legalización del aborto, agresiones sexuales, discriminaciones laborales, apoyo a las mujeres de Iberoamérica, apoyo a colectivos sectoriales de mujeres y feministas...

En 1980 se creó en la Universidad Autónoma de Madrid el Seminario de Estudios de la Mujer. Entre sus objetivos fundamentales se encuentra el de fomentar la investigación y la docencia sobre los temas relativos a la mujer. Posteriormente, otras universidades españolas: Autónoma de Barcelona, Central de Barcelona, Granada, Valencia, Universidad Complutense, País Vasco, han creado seminarios de características similares aun cuando cada uno de ellos posee un programa específico y un plan de investigación en el que se marcan unas prioridades diferentes. El impacto de estos seminarios ha sido relativamente importante. Cientos de investigadoras e investigadores han participado en sus congresos y seminarios y sus publicaciones en el campo de la historia, sociología, arte, literatura, derecho, antropología, son utilizados de forma regular en los programas docentes de las distintas universidades. Tras varios años de trabajos, estos seminarios han alcanzado sólo de forma muy limitada sus objetivos; si bien no se cuestiona su existencia, sin embargo apenas han tenido incidencia en la transformación del currículum, ya que un análisis superficial de la enseñanza universitaria evidencia lo sesgado de las materias que se imparten.

La existencia de mujeres feministas agrupadas en colectivos profesionales ha permitido en los últimos años (1982-1988) el desarrollo de lo que puede definirse como feminismo sectorial o profesional. La existencia de estos colectivos ha traído consigo en muchos casos la consecución de importantes avances en la conquista de los derechos de las mujeres. Constituidos en muchos casos por profesionales provenientes de las filas del feminismo, han participado activamente en diversas campañas de tipo legal, como es el caso de las mujeres abogadas que denuncian durante estos años las arbitrariedades del poder judicial en la interpretación y aplicación de la ley del aborto, denuncia de malos tratos o la ausencia de instrumentos legales que amparen a las mujeres divorciadas que no obtienen pensiones por parte de sus cónyuges. Otros colectivos que han participado activamente en la campaña por la legalización del aborto fueron las agrupaciones médicas, mujeres pertenecientes a la carrera judicial, periodistas, psicólogas...

Pero, sin duda, el fenómeno de más interés que se ha producido durante estos años es la existencia de una creciente conciencia feminista entre las mujeres no vinculadas a movimiento feminista alguno, que les lleva a luchar por un cambio social en los diversos espacios de la vida privada. Este fenómeno difícil de analizar y de medir queda reflejado, al menos parcialmente, en Estudio sociológico sobre la mujer ante la política y el feminismo, realizado en 1986 y en el que se refiere cómo un 35 por 100 de las mujeres encuestadas identifican el feminismo como un movimiento de reivindicación y defensa de la mujer, obteniendo un porcentaje de identificación con esta idea un 45,8 por 100 entre las mujeres de dieciocho a veinticinco años, mientras que en este mismo estudio un 46, 1 por 100 de las mujeres a las que se les pregunta sobre su opinión sobre las feministas opinan que las feministas son personas de ideología política progresista.

En resumen, en España las mujeres han luchado y han conseguido en los últimos diez años las reformas básicas que ya existen en la mayoría de las democracias occidentales: igualdad ante la ley, incorporación progresiva a todo tipo de estudios, trabajos y profesiones; ley de divorcio y ley del aborto, aunque esta última sea sumamente recortada; existencia de organismos e instituciones que se ocupan específicamente de los problemas de las mujeres.

El fenómeno más importante que se ha producido, no obstante, durante estos años es la existencia de una corriente de opinión entre las mujeres que se orienta hacia la ruptura de viejas pautas de comportamiento y rechaza las actitudes patriarcales de los sistemas de poder y de los hombres. Esta actitud de ruptura se refleja en las mujeres de diferentes edades, clases sociales y profesionales y se plasma en un creciente deseo de alcanzar una independencia en lo económico y en lo afectivo, en lo personal y en lo profesional.

 

 

 

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Por Pilar Folguera
Profesora de Historia Contemporánea
Universidad Autónoma de Madrid
 

 

 

Indice del monográfico
LA MUJER EN ESPAÑA

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